REPRESENTACIÓN CANNABICA NAVARRA -NOK-"ALACANT"

ListasProvinciales- Elecciones Generales 2008 "CONGRESO -DIPUTADO-SENADO-"

2008-02-26T16:30:00.000-08:00

Hojas de marihuana en las urnas de 4 provincias

RCN-NOK , asociaciones , elecciones , legalizacion , marihuana , política

RCN-NOK (Representación Cannábica Navarra) ha presentado listas para el CONGRESO en : ALICANTE,MÁLAGA,NAVARRA y VALÉNCIA para las próximas elecciones generales de marzo. Estas cuatro provincias dispondrán de papeletas con la hoja de marihuana en todos los colegios electorales. “Es todo un éxito que un porcentaje significativo de la población española tenga la posibilidad de cambiar las cosas democráticamente e inundar las urnas de libertad”, se lee en el comunicado del partido.

“Acudimos a estas elecciones con la única intención de que el cannabis y sus consumidores sean considerados en sus demandas y derechos que son diariamente pisoteados. Es una manera democrática, adulta y pacífica de solicitar nuestros derechos como cultivadores y consumidores de cannabis. Animamos a que se apoyen estas candidaturas al máximo. Pensamos que es una excelente oportunidad de demostrar que el cannabis no es un problema, sino una fuente de soluciones”.

Al frente de las listas están: Antonio Moreno (Alacannabis) por Alicante, Mª Fernanda de la Figuera (ARSECA) por Málaga, Paco Mascaraque (Amigos de María) por Valencia y Fermín Les y Julio Arribas (RCN-NOK) por Navarra.

RCN-NOK-ALACANT-

2008-02-26T15:48:00.007-08:00

Otras disposiciones: Sección III del BOE Juntas Electorales Provinciales (BOE 32 de 6/2/2008)

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.

Rango: Páginas: 6565 – 6716 Referencia: 2008/02108

Junta Electoral de Alicante/Alacant

Doña Carmen Galipienso Calatayud, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Alicante,

CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Alicante, 5 de febrero de 2008.-La Secretaria.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

26. REPRESENTACIÓN CANNÁBICA NAVARRA (RCN-NOK)-"PaísValencià"

1. Don Antonio Moreno Fernández.

2. Doña Concepción Vera Mira.

3. Don Pere Cantó i Casanova.

4. Doña Yolanda González Teruel.

5. Don Santiago Chorro García.

6. Doña Aida Jiménez Soria.

7. Don Miguel Ruíz Guerrero.

8. Doña María Cristina Diez Gómez. Página

9. Don Jesús Molina Lara.

10. Doña María Asunción Seguí García.

11. Don Juan Vicente Ortuño Acampora.
12. Doña Caridad Maciá Rodríguez

RCN-NOK-MÁLAGA

2008-02-26T15:48:00.005-08:00

Otras disposiciones: Sección III del BOE Juntas Electorales Provinciales (BOE 32 de 6/2/2008)

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.

Rango: Páginas: 6565 – 6716 Referencia: 2008/02108

Junta Electoral de Málaga

Doña María Eugenia Pérez Torres, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga,

CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Málaga, 5 de febrero de 2008.-La Secretaria.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

18. REPRESENTACIÓN CANNÁBICA NAVARRA (RCN-NOK)-MÁLAGA

1. Doña María Fernanda de la Figuera Aranda.

2. Don Óscar Corrales González.

3. Don Alejandro Sierra Casco.

4. Don Antonio Jesús Rosado Sánchez.

5. Doña Victoria María Llorca Guardiola.

6. Doña Lourdes Medina Galán.

7. Doña Ana María Casasola Rebollo.

8. Don Israel Benjumeda Herreros.

9. Don Carlos Martínez Hens.

10. Don Julio Beltrán Daza.

Suplentes

1. Doña Alicia Romero Arias.

2. Don Homayoun Houshangi Ghannadi.

http://rcn-nok-malaga.blogspot.com/

RCN-NOK -NAVARRA-

2008-02-26T15:48:00.003-08:00

Otras disposiciones: Sección III del BOE Juntas Electorales Provinciales (BOE 32 de 6/2/2008)

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.

Rango: Páginas: 6565 – 6716 Referencia: 2008/02108

Junta Electoral de Navarra

Don Juan José Ballano Gonzalo, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Navarra,

CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Navarra, 5 de febrero de 2008.-El Secretario.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

20. REPRESENTACIÓN CANNABICA NAVARRA (RCN-NOK)

1. Don Fermín Les Lacosta.

2. Don Alberto Tirapu Vicente.

3. Doña Noemí Solanas Soler.

4. Don Aitor Goldaracena Jiménez.

5. Doña María Abadía Sanz.

Suplentes

1. Don Mikel Villanueva Larre.

2. Don Pablo Arribas Abaigar.

3. Doña María del Mar Ciordia Arrieta.

SENADO

20. REPRESENTACIÓN CANNABICA NAVARRA (RCN-NOK)

1. Don Julio Arribas Iriarte.

Suplente: Don Jesús María Larráyoz Doncel.

2. Don Alejandro Curiel López.

Suplente: Doña Marta Arribas Abaigar.

3. Doña Ester Gochi Alcaraz.

http://www.rcnavarra.org/

RCN-NOK-VALENCIA

2008-02-26T15:48:00.001-08:00

Otras disposiciones: Sección III del BOE Juntas Electorales Provinciales (BOE 32 de 6/2/2008)

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.

Rango: Páginas: 6565 – 6716 Referencia: 2008/02108

Junta Electoral de Valencia/València

Don Teodoro Jesús García García, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Valencia,

CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Valencia, 5 de febrero de 2008.-El Secretario.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

24. REPRESENTACIÓN CANNABICA NAVARRA (RCN-NOK)-VALÈNCIA-

1. Don Francisco Ramón Mascaraque Hinojosa.

2. Doña Ana Ramón Molla.

3. Don Ignasi Vidal Sánchez.

4. Doña Ana María Navarro Rovira.

5. Don Bernardo Tarros Ferrer.

6. Doña Francisca Milagros Orts Sempere.

7. Don Francisco Javier Repullés Magalló.

8. Doña Ester Sierra López.

9. Don Antonio Moreno González.

10. Doña Amparo Bertomeu Agud.

11. Don David Molina Ramírez.

12. Doña Inmaculada Marco Jiménez.

13. Don Fernando Benavent Suñer.

14. Doña Ana María Esclapez Martínez.

15. Don Pablo Casimiro Urtaza Pazos.

16. Doña Emilia Isabel Plá Martí.

Suplentes

1. Doña Jesica Domenech Martínez.

2. Doña Liliana Riera Ferrándiz.

3. Don Emilio José Bertomeu Agud.

4. Don Javier Dobaran Gómez.

PROGRAMA ELECTORAL -2008-2012-

2008-02-26T15:47:00.017-08:00

-PROYECTO VERDE-RCN-NOK-
--ALICANTE-MALAGA-NAVARRA-VALENCIA--

La realidad jurídica actual es que el Cannabis está tipificado en el código penal español como droga que no causa grave daño a la salud y su posesión, venta y su consumo público están prohibidos y son un delito contra la salud pública.

Esta realidad, se constata año a año con el encarcelamiento de miles de personas al año por su tráfico, cientos de miles de denunciad@s por posesión o consumo de Cannabis con multas desde 300 Euros a cantidades millonarias. El cierre de locales dónde se consume. Además, las redadas policiales en busca de dicha sustancia están a la orden del día: en carreteras, locales y últimamente, en las cercanías de los colegios.

Otra realidad obvia, es que el Cannabis, en concreto la sustancia activa del Cannabis el THC, está preparado en el mercado como medicamento con muy pocas contraindicaciones, tanto de manera natural como de manera sintética. La aplicación médica del cannabis ha sido estudiada en Catalunya por el departamento de farmacología del Hospital de Váll D´hebron y se están haciendo las primeras pruebas para 10 personas con esclerosis múltiple y cáncer.

La realidad a pie de calle es que el dinero del contribuyente se ha malgastado en lo que se ha venido en denominar la guerra contra las drogas. El coste hasta ahora ha sido el encarcelamiento de personas vinculadas al tráfico (el 80% de la población reclusa de España está en la cárcel por delitos contra la salud pública). Las miles de multas impuestas por posesión o autocultivo. El despilfarro en las campañas de publicidad (hechas con el esfuerzo conjunto de los expertos y de las instituciones con el apoyo de las grandes estrellas mediáticas con el dinero del contribuyente).

El resultado de estas políticas aplicadas hasta ahora ha sido un sonoro fracaso que se deduce de todos los indicadores de las últimas encuestas sobre las drogas. El resultado: un aumento del consumo y cada vez a edades más tempranas. Las encuestas reflejan con una claridad meridiana que la droga más consumida por la población de todos los países desarrollados del mundo es el Cannabis, con una diferencia abismal sobre las drogas duras. Curiosamente, uno de los pocos países dónde desciende el consumo dentro de Europa, tanto de drogas duras como blandas, es Holanda dónde está normalizada la venta y posesión de Cannabis desde hace 30 años en los coffeshops (5 gramos por persona y día).
Las políticas aplicadas durante años no han solucionado ningún problema. Treinta años de experiencia en Holanda han supuesto el descenso del consumo, el descenso de la delincuencia, el aumento de la eficacia policial, la generación de industria, empleos, impuestos y el atractivo para que cientos de turistas acudan a Holanda. ¿Debemos de seguir apostando por una vía que no sólo se ha demostrado ineficaz, sino que ha aumentado el consumo y la delincuencia?

A toda esta penosa situación actual hay que sumarle, quizás, la peor de sus consecuencias. Muchas personas piensan que no les afecta éste tema porque no son consumidores de Cannabis. No se dan cuenta que con el sistema actual lo único que se hace es financiar a las mafias y al crimen organizado, que puede incluso, llegar a desestabilizar los estados y poner en peligro a la democracia.

Podemos hacer esta afirmación a raíz del Auto de Procesamiento del Juez Juan del Olmo sobre el 11-M, dónde se deja bien claro que una importante parte de la financiación de los actos terroristas de Madrid, del fatídico 11-M, se hizo con la venta de Hachís. (No en vano, el Juez imputa a dos personas de las 29 implicadas por sendos delitos contra la salud por venta y posesión de drogas blandas. En concreto unos 60 kilos de hachís con un valor de mercado superior al millón de euros). ¿Queremos los consumidores de Cannabis que con el dinero que gastamos se hagan este tipo de atrocidades? ¿No es preferible que con ese dinero se hagan carreteras, hospitales o centros de desintoxicación?

Pese a todo este sombrío panorama son millones de personas en el mundo y decenas de miles en Navarra, (Alicante ,Málaga y Valencia),las que han consumido o consumen cannabis ilegalmente y padecemos esta injusta situación de represión. ¿Qué se puede decir de los enfermos que son impedidos por la ley a acceder a una planta que les alivia? ¿Hasta dónde vamos a aguantar los consumidores de cannabis?

Por otra parte existe un vacío legal que nada dice del consumo privado y el autoabastecimiento. Si a éste hecho, le unimos el de vivir en una comunidad autónoma con regulación foral independiente, nos hace estar en una posición privilegiada respecto a otros países y regiones de Europa para poder diseñar un plan de legalización y normalización del Cannabis.

La pretensión de la Representación Cannabica de Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia) es hacer una nueva política en torno al cannabis que legalice y normalice todos los aspectos de esta planta. De esta manera, desde el Representación Cannabica de Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia) apostamos por la legalización y la regularización del consumo de marihuana y hachís producido íntegramente en España. Pensamos que dicha política llevará a la reducción del consumo, aumentar la edad del consumo a los 18 años y a generar muchos más beneficios sociales como: Generación de empleos en los estratos sociales más necesitados, revitalización del sector agrícola, recaudación de impuestos y altas en la seguridad social. Además de ello, con la legalización, cortamos una importante fuente de ingresos las arcas de los grupos organizados dedicados a la delincuencia y el terrorismo. Todo este dinero pasaría a engrosar la economía de nuestra comunidad convirtiéndose en colegios, hospitales, carreteras… etc.

Somos una representación, lo que significa que cuando el proyecto pluripolítico que representamos quede realizado, procederemos a la disolución de la representación como ente político, una vez que lo decida la asamblea general. Con este fin queremos representar un programa electoral para las elecciones de la Comunidad Foral de Navarra, (Alicante ,Málaga y Valencia) en el que se desarrolla una regularización efectiva de la legalización del Cannabis y sus derivados:

11-PUNTOS DEL PROGRAMA ELECTORAL 2008-2012.PROYECTO VERDE.

1-Proponemos la reforma del Amejoramiento Foral de Navarra (Alicante ,Malaga y Valencia) durante la siguiente legislatura para que la comunidad foral de Navarra (Alicante ,Malaga y Valencia) tenga plenas competencias en el ámbito sanitario, económico, agrícola y social para hacer realidad la Legalización del Cannabis Lúdico, para los adultos con mayoría de edad, y la Legalización del Cannabis Medicinal producidos íntegramente en Navarra, (Alicante ,Málaga y Valencia)

2- Proponemos la creación de un Consejo Regulador y Controlador del Cannabis en Navarra CRCN, (Alicante CRCA ,Málaga CRCM y Valencia CRCV).
Con ello se conseguiría una efectiva regularización y control de calidad del cannabis lúdico, cáñamo industrial y resina de cannabis (hachís) con denominación de origen en Navarra, (Alicante ,Málaga y Valencia). Dicho órgano tendrá potestad sancionadora a los establecimientos y establecerá los pliegos y permisos correspondientes de apertura. Asimismo, controlaría sanitariamente el producto que llega al mercado teniendo un riesgo de adulteración mínimo. Además, velaría por el cumplimiento de las normas y del acceso de los menores a los establecimientos dónde esté permitida la venta o el consumo de Cannabis.

3- Proponemos la regularización del mercado navarro (Alicantino ,Malagueño y Valenciano) del Cannabis y sus puntos de venta.
Mediante el establecimiento del pliego de condiciones y requisitos para habilitar puntos de venta y consumo de cannabis y resina de cannabis producida en Navarra, (Alicante ,Málaga y Valencia). Estamos hablando de establecer en Navarra, (Alicante ,Málaga y Valencia) los famosos coffeshops holandeses que llevan ya más de treinta años funcionando. Se permite vender 5 gramos por persona y día dentro de los lugares con el permiso correspondiente. Nuestro objetivo es mejorar, y adaptar, este sistema en Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia) introduciendo dos importantes mejoras respecto al sistema holandés.
Por un lado incluimos el control fitosanitario por el CRCN ,RCRA,RVRM,RCRV , de lo que se produce y la capacidad de este órgano para sancionar a quien venda algo en mal estado. (En holanda no existe un órgano semejante).
Por otro lado todo, en el proyecto verde, el cannabis y sus derivados son producidos íntegramente por nuestros propios agricultores dentro de Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia).
Esto, además de cortar las vías de financiación de las mafias que actualmente controlan las drogas, conlleva generar importantes beneficios a nivel económico: Creación de nuevos empleos. Recaudación de impuestos para las arcas forales. Revitalización del sector agroalimentario de Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia) ; (Un sector de vital importancia para cualquier economía que actualmente está en decadencia). El impulso al sector turístico de Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia). (En holanda sólo está regulada la pequeña venta, pero los cultivos son ilegales y está penado el cultivar en grandes cantidades)

4- Proponemos la legalización y promoción del autocultivo y autoabastecimiento de cannabis dentro de la comunidad Foral.
La regularización permitiría que cualquier persona con mayoría de edad pueda plantar hasta un máximo de 15 plantas en exterior o 4m2 en interior sin tener que pedir permiso al Consejo Regulador del Cannabis en Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia) para su propio autoabastecimiento. Cualquier cantidad superior a ésta, se consideraría para el mercado y debería de acogerse al pliego de condiciones y control del Consejo Regulador del Cannabis en Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia).

5- Proponemos la regularización de la producción y del mercado de semillas de cannabis en Navarra (Alicante ,Málaga y Valencia).
Mediante pliego de condiciones y control fitosanitario para la producción de semillas de cannabis con denominación de origen Navarra por medio del CRCN para el abastecimiento del mercado y del autoconsumo.

6- Proponemos la creación de un nuevo impuesto foral especial del 5% gravado en el cannabis lúdico (IMPUESTO VERDE)
Destinado a la financiación de estos nuevos organismos. De esta manera se consigue un doble objetivo: el proyecto no costaría nada a las arcas públicas, y se crearía una nueva manera de financiación pública adicional.

7- Proponemos el estudio y aplicación del Cannabis Medicinal en un estudio financiado por el CRCN ,CRCA ,CRCM ,CRCV y que se desarrolle en el CIMA.

8- Proponemos la promoción y enseñanza gratuita de los riesgos y prevención de ellos en el consumo de drogas.
Diseño y aplicación de un plan integral de prevención de riesgos en el que participen los agentes sociales y de mercado para que sea realmente eficaz. Impulsando las políticas que aumenten la edad de inicio al consumo de drogas hasta la mayoría de edad y de la recuperación a través del deporte. Las políticas deben ser para todas las edades y no sólo para los jóvenes.

9-Proponemos el cese de los ataques y de la criminalización de la juventud y la aplicación de políticas innovadoras y participativas con la juventud de Navarra Alicante ,Malaga y Valencia).

10- Proponemos la creación del primer parque temático del mundo en la Ribera Navarra sobre el Cannabis, cáñamo y energías alternativas subvencionado por el CRCN, CRCA, CRCM, CRCV.
En él se dedicarían varias hectáreas de terreno a enseñar todo lo que aporta esta planta a la humanidad y posibles estudios sobre nuevas aplicaciones en energías alternativas como el biodiesel.

11- Proponemos la finalización de todo tipo de penalización del consumidor adulto de cualquier tipo de sustancias, aunque sean nocivas para su salud.

Con tu ayuda lo conseguiremos.

Propuesta de modelo legal para el cannabis en el estado español.

2008-02-26T15:47:00.015-08:00

Propuesta de modelo legal para el cannabis en el estado español.
Martín Barriuso.
Asociación de usuarios/as de cannabis Pannagh.
Resumen: Se propone un modelo de regulación legal para el mercado
de cannabis basado en las normas que regulan las bebidas alcohólicas
de baja graduación y el tabaco. Como modelo de transición se propone el
de los clubes de consumidores, con producción no comercial en circuito
cerrado.
Laburpena: Cannabisaren merkaturako lege-erregulazio eredu bat
proposatzen da, graduazio baxuko edari alkoholiko eta tabakoari buruzko
araudietan oinarritua. Trantsizio eredu gisa, kontsumitzaile klubena
planteatzen da, zirkuitu itxiko ekoizpen ez-komertzialarekin.
Palabras clave: Cannabis, regulación, mercado, clubes de
consumidores.
Hitz garrantzitsuenak: Cannabis, salmenta, merkatua, kontsumitzaile
klubak.
Introducción
Los grupos antiprohibicionistas llevamos muchos años reivindicando la
legalización del cannabis. Mejor dicho, la legalización, normalización,
despenalización, regulación y alguna otra cosa, ya que existe una notable
confusión y se usan distintos términos, con frecuencia con significados
diferentes. En el momento presente, el debate sobre la normalización
parece empantanado, sin que aparezcan argumentos novedosos desde
hace años. Por ello, creo que la única manera de superar el impasse es
definir lo más detalladamente posible cuál es el modelo concreto que
reivindicamos, cuáles son los pasos para llegar hasta allí y empezar a dar
en la práctica esos pasos para poder alcanzar un nuevo horizonte donde
quede superado el actual marco prohibicionista. En la primera parte se
hace un breve repaso a algunos modelos teóricos y prácticos que
podrían ser útiles como referentes, en especial el Manifiesto de Málaga y
el llamado “modelo holandés”. En la segunda parte se plantea una
propuesta concreta de regulación para la producción y el comercio de
cannabis psicoactivo en el estado español. Por fin, en la tercera parte se
propone un posible modelo para la transición desde la situación actual.
Espero que estas aportaciones contribuyan a impulsar un debate que ya
va siendo inaplazable.
1. De la teoría a la práctica
¿Lega-legalización?
Para empezar, quisiera referirme a la cuestión de la terminología. Desde
hace muchos años, el eslogan más utilizado para pedir un cambio legal
en torno al cannabis es “legalización”. Ahora bien, como en cierta ocasión
me recordó un prohibicionista durante un debate, el cannabis, como
cualquier droga, ya está legalizada. Y es que legalizar significa “dar
estado legal a una cosa” y el cannabis psicoactivo tiene un estado legal
muy claro: Está tajantemente prohibido. Por tanto, puesto que a la hierba
no le faltan leyes sino que más bien le sobran, la cuestión sería derogar
algunas de ellas y reformar otras. Así que, más que de legalización, sería
más apropiado hablar de una nueva regulación legal. Regulación que,
por supuesto, incluiría la despenalización (es decir, el final de la
persecución por vía penal) de actividades como el cultivo o la venta.
El concepto de normalización, en cambio, abarca un abanico mucho más
amplio de cuestiones. Normalizar el cannabis significa alcanzar una
situación de normalidad en todos los ámbitos sociales, es decir, en
cuanto a percepción social, educación, sanidad, comercio, medios de
comunicación, normas, etc. Muchos de esos cambios hacia la normalidad
se pueden lograr por medio de leyes, pero otros son cuestiones sociales
muy amplias y complejas que afectan a sentimientos muy arraigados en
la población y que no se arreglan a golpe de boletín oficial.
Como ya he planteado con anterioridad, no se trata solo de superar una
prohibición legal, sino también un tabú moral. De manera que hay
numerosos frentes en los que es necesario que se den cambios
profundos. Si consiguiéramos abolir las leyes prohibicionistas pero el
contexto social fuera intolerante e incluso beligerante hacia las personas
consumidoras, poco habríamos avanzado. Por lo tanto, creo que la
reivindicación genérica que debemos hacer desde el movimiento
antiprohibicionista cannábico, el eslogan por excelencia, es la
normalización. Y dentro de esa normalización general, una normalización
legal consistente en una regulación no prohibicionista, que incluya la
despenalización de la mayoría de conductas relacionadas con el hachís y
la marihuana. Lógicamente, hay ciertas conductas que deberán seguir
castigándose de alguna manera, como la venta a niños, la adulteración
del producto (especialmente si es peligrosa para la salud), o el
contrabando (es decir, la evasión fiscal).
Buscando la manera
Evidentemente, una de las primeras cosas que conviene hacer cuando
se buscan alternativas a algo es ver si esas alternativas existen ya en
alguna parte. Una primera posibilidad sería retroceder en el tiempo y ver
si la regulación que existía aquí mismo, dentro del estado español, antes
del comienzo de la dictadura prohibicionista, nos puede servir de ayuda.
El problema es que hay que remontarse hasta los años 30 del siglo XX y
desde entonces la cosa ha cambiado mucho. En aquella época, el
consumo lúdico de cannabis era escaso y marginal y se producía en un
marco prácticamente carente de regulación legal. La grifa estaba
presente desde hacía muchos siglos, pero nadie había considerado
necesario redactar leyes específicas acerca de su producción, venta y
consumo. En cuanto al uso terapéutico, el modelo vigente por aquel
entonces nos podría ser de mucha más utilidad, ya que, de manera
similar a otros fármacos, el cáñamo se hallaba disponible en las boticas
en forma de genéricos (sumidades floridas –o sea, cogollos-, tintura
alcohólica y pomada), además de un buen número de específicos, es
decir, fármacos de marca en muy diversas presentaciones, dosis y vías
de consumo. Por lo tanto, en el caso del uso médico, se trataría
sencillamente actualizar aquella forma de dispensación y equiparar el
cáñamo a otras plantas medicinales, y sus derivados, los cannabinoides,
al resto de principios activos, mediante su inclusión en la Ley del
Medicamento.
Esta opción, la de la inclusión en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, fue precisamente la vía elegida por el principal modelo
regulador alternativo presentado hasta hoy en el estado español, el
conocido como Manifiesto de Málaga (aunque en realidad está fechado
en Sevilla, el 9 de febrero de 1991). Este texto, titulado “Propuesta
alternativa a la actual política criminal sobre drogas”, fue elaborado por el
Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), formado por un amplio
equipo de juristas de prestigio, entre los que -como se ha publicado hasta
la saciedad en numerosos medios- se encuentra el actual fiscal general
del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Entre los firmantes de la propuesta
también se halla el anterior ministro de Interior, José Antonio Alonso.
Dicha propuesta, realizada poco después de la promulgación de la Ley
del Medicamento, se apoya en gran medida en la misma, ya que ésta
menciona expresamente los llamados “estupefacientes y sustancias
psicotrópicas”. En efecto, el artículo 41 de la Ley del Medicamento
especifica claramente que dichas sustancias están incluidas dentro de
dicha ley. Por tanto, como la planta de cannabis, el hachís y la marihuana
forman parte de las listas I y IV de la Convención Única de
Estupefacientes de 1961 y el THC de la lista I de la Convención sobre
Sustancias Psicotrópicas de 1971, es evidente tanto la planta como sus
derivados y principios activos puros quedan regulados como
medicamentos.
Ahora bien, el problema es que, además de la Ley del Medicamento,
también hay otras leyes, de carácter eminentemente represivo, que se
ocupan del cannabis y sus derivados. En concreto, la Ley 17/1967 sobre
estupefacientes, el Código Penal -concretamente en el artículo 368-, la
Ley Orgánica 1/1992 de seguridad ciudadana, y el Real Decreto
2829/1977 sobre sustancia psicotrópicas. La propuesta de Málaga aboga
por la “ampliación del ámbito de actuación de los medicamentos, más allá
de la indicación terapéutica o análogas, a la extraterapéutica consistente
en la obtención de un determinado bienestar corporal o mental”. En
consecuencia, las drogas actualmente ilícitas pasarían a ser
consideradas medicamentos normales, aunque con un régimen de venta
especial, siendo dispensadas en farmacias, sin necesidad de receta y en
dosis única, mediante identificación que permita comprobar la mayoría de
edad de la persona compradora. También se garantizaría a las personas
dependientes la posibilidad de obtener su sustancia “bajo suministro y
control médicos”.
En coherencia con todo lo anterior, se propone eliminar el tratamiento
específico de las drogas, de manera que reciban un trato similar al de
otros productos farmacéuticos. Por tanto, el Código Penal solo castigaría
la distribución sin licencia, la adulteración y otras formas de engaño, con
penas muy inferiores a las que ahora se reservan para el tráfico ilícito,
aunque algo más duras que en el caso del resto de medicamentos. En la
propuesta de Málaga también se plantea la prohibición por vía penal de
los “actos de promoción del consumo de tales productos o sustancias con
fines mercantiles de creación o ampliación de mercado”, es decir, que no
se podría hacer publicidad o, en todo caso, estaría muy limitada. En
cuanto a las condiciones para la venta, se plantea “un sistema de precios
moderadamente desincentivadores y exentos en todo caso de ayuda o
financiación públicas”, para lo cual se implantaría un impuesto del 50%
sobre el valor de la sustancia, cuya recaudación se destinaría
íntegramente a actuaciones de “educación sanitaria, prevención y
deshabituación”. También se debería incluir, en lugar destacado,
información acerca de los riesgos que conlleva el abuso de la sustancia
de que se trate, es decir, algo que en la práctica podría abarcar desde el
actual prospecto -más o menos aséptico- que acompaña a los fármacos
hasta las “esquelas” alarmantes de los paquetes de tabaco.
¿Y con la hierba qué hacemos?
El cannabis recibe un tratamiento especial en la propuesta de Málaga, ya
que en la misma se propone dotar a nuestra planta de un régimen
específico, menos restrictivo que el del resto de drogas actualmente
ilícitas. En efecto, se plantea que su venta se podría llevar a cabo fuera
de las farmacias, en lugares especialmente autorizados para ello. El
régimen que se aplicaría a la producción y dispensación de cannabis y al
consumo de todo tipo de drogas sería análogo al que se aplica al alcohol
y al tabaco. O mejor dicho se aplicaba, que también esto ha cambiado lo
suyo desde 1991. Sin embargo, la Propuesta de Málaga no entra en
detalles acerca de los lugares de venta (¿deberían ser específicos o
podrían ser bares u otro tipo de establecimientos ya existentes?) ni en
otras cuestiones como los posibles límites a la tenencia lícita o la
regulación del autocultivo.
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana y sus multas por tenencia y
consumo (150.000 multas en 2004, 125.000 de ellas por cannabis, un
22% más que en 2003), la ley aún no había empezado a redactarse
cuando se elaboró el documento, así que no la menciona. Ahora bien, la
conocida como Ley Corcuera es en realidad continuación de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social del franquismo, que los miembros del
GEPC sí proponen derogar en su totalidad. También hablan
explícitamente de equiparar el consumo de las drogas ahora ilegales con
el de alcohol y tabaco, y de momento no ponen multas por llevar vino a
cuestas o fumar en la plaza. Así que es de suponer que, de haber podido
preverlo, también habrían incluido la propuesta de derogar los artículos
23.h y 25 de la nueva ley, que son los que afectan al consumo y tenencia
de sustancias ilícitas.
En resumen, la propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal
supone un buen punto de partida, ya que parece asumible por la mayoría
de sectores cannábicos y antiprohibicionistas. Incluye muchas
reivindicaciones históricas, como la despenalización del cultivo y el
tráfico, el fin de los cacheos y las multas, la vuelta del uso terapéutico al
sistema sanitario y la posibilidad de crear un mercado legal con los
límites y derechos similares a los de quines usan drogas legales. Lo
único que habría que hacer es desarrollar más el modelo en lo que se
refiere a su puesta en práctica.
Mirando a Holanda
Evidentemente, el modelo por antonomasia a la hora de regular en la
práctica el mercado de cannabis es el de los coffee-shops holandeses.
Durante muchos años, el único referente a la hora de imaginar una
alternativa al actual mercado negro ha sido el sistema neerlandés de
tolerancia. Sin embargo, Holanda no ha denunciado los tratados
internacionales sobre drogas, que siguen sirviendo de modelo obligado
para las leyes estatales. Es más, la legislación holandesa sobre el
cannabis es incluso más dura que la del estado español. Lo que ocurre
es que, en base al principio de oportunidad, dichas leyes se han dejado
en suspenso para este caso concreto, ya que se considera que tendría
peores consecuencias aplicar la ley de forma estricta que hacer la vista
gorda como sucede en la actualidad. De hecho, los norteamericanos
Levine y Reinarman han creado el término “prohibición tolerante de las
drogas” para referirse a esta forma ambivalente de funcionar, en
oposición a la “prohibición punitiva de las drogas” que se practica en la
mayoría de países.
Por desgracia, el modelo holandés no nos sirve como marco jurídico, ya
que en el estado español prima el principio de legalidad, de manera que
para dejar de perseguir el cultivo y comercio de cannabis hay que
cambiar la ley y para ello es necesario denunciar los tratados de las
Naciones Unidas sobre drogas, algo que ya fue previsto por los autores
de la propuesta de Málaga. Otras experiencias de prohibición tolerante,
bien sean para el uso recreativo o terapéutico, como las de Suiza,
Canadá, Estados Unidos, etc., tampoco nos son útiles, ya que más que
de regulaciones legales normalizadoras se ha tratado de experiencias de
tolerancia más o menos bajo cuerda.
Otra cosa bien distinta es la utilidad que tienen estas experiencias, en
especial la holandesa, a la hora de encontrar maneras de acercarse a un
horizonte sin prohibición. En el caso de los Países Bajos, el hecho de
haber sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los treinta años de
política de tolerancia nos permite analizar los efectos que esta
experiencia única en el mundo ha tenido sobre cuestiones como la
economía, la percepción social o la salud pública.
Desde luego, si hoy en día, a pesar de las presiones internacionales que
han soportado, sigue habiendo coffee-shops en Holanda es porque las
autoridades responsables consideran que su apertura acarrea más
ventajas que inconvenientes. En Holanda, el nivel de consumo de
cannabis entre adultos y adolescentes es sensiblemente menor que el de
otros lugares con políticas más prohibicionistas, además de que la edad
de inicio en el consumo es más tardía que en los países de su entorno,
un importante factor de protección a la hora de evitar la extensión de
usos problemáticos. De hecho, en los últimos años, entre los estudiantes
holandeses de secundaria el consumo de cannabis se ha mantenido más
o menos estable, con tendencia a la baja, al contrario del estado español,
donde la persecución penal de la producción y venta no ha impedido
niveles record de consumo entre adolescentes. La marihuana,
desprovista de la atracción de lo prohibido y percibida como algo más o
menos normal, convive sin grandes conflictos con las drogas legales
habituales, si bien el llamado turismo cannábico ha provocado ciertos
problemas que trataremos cuando llegue el momento de las propuestas
concretas. Pero eso será en un próximo artículo.
2. Propuesta de regulación del mercado
Una droga vegetal legal más
La siguiente propuesta se basa sobre todo en el modelo legal por el que
se rige en la actualidad la producción y distribución de bebidas de baja
graduación susceptibles de ser autoproducidas, como el vino o la sidra,
aunque en algunos apartados me remitiré a las normas que rigen en el
caso del tabaco, otra planta cuyo consumo es mayoritariamente fumado
y que también se puede producir uno mismo. Hay varias razones para
elegir las bebidas alcohólicas de baja graduación como referente:
También son drogas de origen vegetal, ampliamente extendidas gracias
a la relativa simplicidad de su proceso de elaboración, y con un nivel de
riesgo asociado a su uso menor que el de los licores (aunque mayor que
el del hachís o la marihuana). Además son productos de uso cotidiano,
socialmente aceptados y que se producen y consumen de muy diversas
formas.
Esa diversidad es precisamente una de las características más
interesantes del mercado del vino, ya que, aunque las grandes
compañías multinacionales han ido ganando terreno, en la actualidad
conviven muchas formas de producirlo y venderlo, que van desde la
autoproducción a escala familiar hasta el tetrabrik de vino peleón del
supermercado, pasando por la pequeña bodega artesana donde se
puede ir a catar y comprar directamente vino ecológico o la gran bodega
de fama internacional que encarga el diseño de sus instalaciones a algún
arquitecto de moda. En definitiva, desde el hágalo-usted-mismo hasta el
consumo masivo de gran superficie, todo cabe en este modelo regulador.
Creo que un mercado flexible como ese sería el más deseable en el
caso del cannabis, ya que permite que convivan formas muy diversas de
entender el cultivo y el consumo. No impide que las grandes
corporaciones hagan su asalto al mercado, asalto que por desgracia
parece inevitable en un escenario de normalización (si vamos a ser
normales, hay que reconocer que lo normal en esta sociedad capitalista
neoliberal es que las grandes empresas se coman la tostada), pero a la
vez permite la existencia de otro tipo de circuitos comerciales más locales
y a pequeña escala, así como la producción libre sin fines comerciales.
El autocultivo
En coherencia con lo anterior, cultivar cannabis para el propio uso (sea
individual o colectivo) sería una actividad libre. Lo ideal, a fin de lograr la
necesaria seguridad jurídica, sería fijar el número de plantas que se
pueden cultivar (en el caso del tabaco, por ejemplo, se pueden tener
hasta 25 ejemplares) o establecer algún tipo de equivalencia en peso o
en superficie, ya que, evidentemente, no es lo mismo una planta
cultivada en exterior que una de interior. A título orientativo, podría ser
algo así como 10-12 plantas en exterior y dos o tres metros cuadrados
de interior por persona, aunque, desde luego, se admiten sugerencias.
Por supuesto, el derecho al autocultivo incluiría los cultivos colectivos.
También se podría donar o intercambiar cuando sea sin fines
comerciales, además de transformarlo para extraer los tricomas o el
propio THC, igual que uno se puede poner en casa un alambique para
destilar aguardiente siempre que no lo saque a la venta.
La producción comercial
En cambio, para poder dedicarse al cultivo comercial, sería preciso
solicitar una licencia, a fin de ser incluido en el registro de productores,
igual que sucede con las bodegas o lagares. Como el cáñamo industrial
es en la actualidad un cultivo controlado y hay que solicitar permiso para
su producción, lo más sencillo sería que todo el cultivo de cannabis sativa
se incluyera en un único registro en el departamento de agricultura de la
comunidad autónoma correspondiente. En el mismo se especificaría si su
destino es textil, recreativo o medicinal, a fin de poder dar a cada cultivo
un tratamiento específico. El textil mantendría su régimen actual, el
medicinal seguiría lo establecido para el cultivo de plantas medicinales y
el recreativo estaría sometido a un tratamiento similar al que recibe un
viñedo para la producción de vino.
El número de productor se incluiría en la etiqueta, lo mismo que el del
elaborador o envasador, cuando proceda. Como sucede con las bebidas
alcohólicas, se podría obtener el certificado de agricultura ecológica a
través de los consejos reguladores actuales y cumpliendo las normas y
controles que ya existen. En el caso de no practicar la agricultura
ecológica, habría que respetar una estricta normativa sobre abonos y
productos fitosanitarios para reducir al mínimo el riesgo para la salud. La
elaboración de hachís, aceite, tintura o cualquier otra presentación que
requiera transformación de la planta requeriría la inclusión en el registro
de elaboradores, a fin de cumplir una serie de condiciones de higiene y
calidad.
También sería posible crear consejos reguladores de denominación de
origen, en el caso de zonas cuya producción tenga características
especiales, variedades locales, técnicas propias, etc., algo que también
ayudaría a favorecer la diversidad en el cultivo y la tendencia a la
producción de calidad, algo que se debería favorecer, igual que el cultivo
ecológico, mediante impuestos más bajos o ventajas similares, para
evitar que la calidad se degrade y favorecer la creación de puestos de
trabajo. El objetivo sería intentar que el cannabis se industrialice y
masifique en la menor medida posible, primando en la producción la
calidad sobre la cantidad.
Se podría establecer un límite en la superficie de las explotaciones o,
llegado el momento, fijar un cupo máximo de hectáreas, como sucede
con los viñedos, a fin de mantener los precios. En el caso de que haya
países cercanos que castiguen el cultivo, estas medidas ayudarían a
evitar el desvío a los mercados ilícitos de esos países. Y no es porque
me parezca mal, al fin y al cabo si alguien desea consumir me parece
lícito –y lógico- que otro le pueda vender, sea de forma legal o ilegal.
Pero, evidentemente, si los cultivadores de un país tolerante se dedican a
inundar de hierba el mercado negro de otro más represivo, es casi
seguro que ambos países acabarán teniendo problemas diplomáticos. Si
los holandeses han tenido tantos problemas con sus vecinos por tener
coffee-shops en su propio territorio, nos podemos imaginar lo que
pasaría si la cosa fuera más allá y se convirtiera en exportación masiva.
Y en Holanda, el resultado de tantos años de roces han sido recortes a la
venta y el consumo.
En definitiva, creo que es preferible que el modelo comercial que se
aplique al hachís y la marihuana sea el del vino antes que el del tabaco,
ya que, con monopolio estatal o sin él, el mercado de tabaco está
totalmente dominado por las grandes marcas, la uniformización y el uso
de aditivos químicos. Y esta combinación ha tenido, como sabemos,
resultados funestos sobre la salud de muchas personas, aumentando los
riesgos asociados al consumo.
La etiqueta
Como cualquier producto legal, la maría y el costo deberían estar
correctamente etiquetados para poderse vender. En la etiqueta debería
aparecer, como es lógico, de qué producto se trata, o sea marihuana,
costo, aceite o lo que corresponda, además del peso del contenido. La
marihuana debería llevar el nombre de la variedad. En el caso del hachís
o el aceite, también figuraría la variedad (o variedades, porqué no hachís
de coupage) y el método de extracción. Por supuesto, debería
especificarse la fecha de recolección y la de consumo preferente,
además del lote. También figuraría el contenido en Tetrahidrocannabinol
(THC), Cannabidiol (CBD) y Cannabinol (CBN), así como el índice de
psicoactividad ( (THC + CBN) / CBD), que sería el equivalente a la
graduación de una bebida alcohólica, además de los datos del productor,
transformador o envasador. Además, se podría incluir una etiqueta extra
con más detalles del producto (la típica literatura de las botellas de vino)
y con algún mensaje preventivo acerca de los riesgos y formas de
reducirlos o evitarlos. Desde luego, creo que en el caso del cannabis no
hay justificación para algo parecido a las esquelas de los paquetes de
tabaco, pero tampoco me parece una tontería incluir información rigurosa
que pueda ser útil a la persona que lo compra.
La venta
Vista la experiencia holandesa y conforme a lo que plantea la Propuesta
de Málaga, lo más razonable sería que el cannabis se vendiera en
establecimientos específicos, que podrían ser simples puntos de venta,
como los estancos, lugares pensados para el consumo, tipo bar, o algo
mixto como los coffee-shops holandeses, en la mayoría de los cuales
puedes consumir allí o llevártelo a casa. Desde luego, no creo que sea
buena idea venderlo sin más en los bares o cafeterías de ahora, menos
aún en máquinas, aunque la idea de servir café o té como en Holanda es
bastante buena. También se podría autorizar la venta de cerveza o vino
hasta cierta graduación, aunque evitando en todo caso los vinos fuertes y
los licores, que tan mala combinación hacen con los efectos del cannabis.
Por supuesto, también se podría comprar directamente al productor.
En las farmacias españolas de principios del siglo XX se podían comprar
porros ya liados, envasados en paquetes, y con distintas marcas y
procedencias. Sin embargo, pienso que lo mejor sería que en el futuro la
marihuana y el hachís se vendieran preferiblemente en bruto, sin liar. En
el caso del uso terapéutico, porque la inhalación de humo supone riesgos
para la salud que hacen preferibles las cápsulas, tinturas, sprays
sublinguales o vaporizadores. Y en el uso recreativo, porque tener un
número ilimitado de cigarros a mano, como se ha demostrado el caso del
tabaco, favorece las pautas de consumo más compulsivas. El tiempo
necesario para hacerse el porro y el pequeño ritual que conlleva son
factores que ayudan a moderar el ritmo de consumo. Además, el
cigarrillo ya hecho facilita la adulteración y el uso de aditivos. Así que la
venta de los porros ya hechos, en especial si fueran empaquetados,
estaría gravada con un nivel mayor de impuestos para favorecer la venta
en forma de cogollo o china. En cuanto a la cantidad que se puede
comprar cada vez, no veo motivos para poner límites. Si nada impide
llevarse a casa cien cajas de güisqui o quinientos cartones de tabaco, no
tendría sentido poner límites al cannabis.
En cuanto a la edad para poder comprar, lo deseable desde la
perspectiva de la salud sería retrasar la edad de inicio prohibiendo la
venta a menores de 18 años. Pero, vista la realidad del consumo juvenil
actual, creo que lo más realista sería permitir la venta a mayores de 16
años de productos con un índice de psicoactividad menor, una distinción
que ya se hace en algunas comunidades autónomas con el alcohol.
Aunque en realidad, lo que más puede influir a la hora de retrasar la
edad de inicio es una estrategia educativa adecuada que intente
convencer a los adolescentes para que no fumen desde tan jóvenes en
base a información veraz y fácil de entender. Además, el caso holandés
es una muestra de que la normalización contribuye a retrasar la edad de
inicio, de forma que es muy probable que la pérdida del atractivo extra
que supone la prohibición provocara cierto retraso sin necesidad de más
medidas.
La importación y exportación
Desde luego, no es para nada lo mismo que este idílico panorama que
estoy pintando se desarrolle en un contexto internacional en el que las
convenciones sobre drogas de la ONU, al menos en lo que tiene que ver
con el cáñamo, hubieran sido derogadas, que una situación en la que la
Unión Europea fuera el único lugar en el que se pudiera producir
legalmente cannabis psicoactivo. En un mundo sin prohibición, la
importación o exportación de cannabis se atendría a las mismas reglas
que, por ejemplo, la cerveza o el café. Eso sí, personalmente preferiría
que dicho comercio se rigiera por las reglas del comercio justo o al
menos que se favoreciera este tipo de comercio mediante un tratamiento
fiscal más benigno, en vez del injusto mercado actual, donde, como en el
caso del café, son las grandes compañías compradoras las que imponen
a los productores precios de miseria.
En cambio, en un contexto en que la mayoría de países siguiera bajo la
prohibición, la cosa se complicaría tanto que lo lógico sería pensar más
bien en apañarse con la producción autóctona, ya que autorizar la
entrada legal de hachís o marihuana que han salido ilegalmente de otro
país, cuando éste se esfuerza por acabar con el cultivo, sería a buen
seguro motivo de enfrentamiento.
Los impuestos
La producción de cannabis estaría, en principio, sometida al mismo
régimen fiscal que cualquier cultivo agrícola. Sin embargo, la venta de
sus derivados psicoactivos estaría gravada por un impuesto especial
similar al del tabaco o el alcohol, aunque a un nivel más bajo, en
coherencia con su menor nivel de peligrosidad para la salud. La
recaudación de este impuesto estaría destinada a sufragar el gasto
sanitario que el cannabis pudiera provocar y a campañas educativas o de
prevención de riesgos. Como ya se ha ido comentando, el impuesto
tendría distintos niveles en función del tipo de producción, la elaboración,
la presentación, etc., intentando primar siempre las modalidades más
respetuosas con la salud, el medio ambiente y los intercambios
comerciales justos. Este impuesto solo se aplicaría a los productos
destinados al uso no terapéutico.
El consumo
Está claro que, puesto que hablamos de productos que se consumen
fundamentalmente fumando, los recientes cambios en la legislación
sobre el consumo de tabaco tienen que influir por fuerza en la propuesta
de regulación del cannabis. Desde luego, debería desaparecer la
prohibición actual de tenencia o consumo en lugares públicos. En
adelante, solo se castigaría el consumo en aquellos lugares en los que
no se puede fumar tabaco, y se haría con las mismas sanciones, aunque
sería deseable que el actual cerco al tabaco se suavizara un poco.
También se castigaría conducir o realizar tareas peligrosas a partir de
cierto nivel de THC en sangre o en el aliento, aunque la falta de
información sobre la relación entre cannabis y accidentes, y la falta de
métodos de detección que distingan claramente el consumo reciente (el
que aún produce efectos) y el pasado ponen difícil hacer una propuesta
mínimamente seria al respecto.
Como ya he mencionado antes, en este contexto sin prohibición que
describo, seguiría habiendo campañas educativas y preventivas, así
como oferta de tratamiento gratuito a quien pueda requerirlo, pero estas
políticas deberían basarse en evidencias científicas y evitar el actual
alarmismo acientífico. También se debería favorecer desde las
instituciones la regeneración de la cultura popular sobre el cannabis, de
forma que las propias personas usuarias, como ya está sucediendo en la
actualidad, creen sus rituales de uso, normas no escritas y estrategias
para reducir los riesgos, que ayuden a que la convivencia con el cáñamo
nos aporte más placeres que peligros.
3. ¿Y mientras tanto, qué?
En los límites de la legalidad
Tras haber propuesto un modelo más o menos “ideal” para regular la
producción y el comercio del cannabis, llega el momento de volver a pisar
tierra. El escenario que acabo de plantear es muy bonito, sí, pero
también muy lejano, por mucho que hablemos de propuestas
perfectamente posibles y creo que razonables. Vivimos en un mundo
donde la prohibición de drogas campa a sus anchas y es poco probable
que a corto o medio plazo veamos los profundos cambios legales que
serían necesarios para que esa propuesta pueda llevarse a la práctica.
Así que parece obligado plantear alguna vía intermedia, una propuesta
de transición que nos permita avanzar un trecho sin necesidad de poner
patas arriba las convenciones de la ONU sobre drogas.
El estado español lleva 40 años de legislación prohibicionista,
concretamente desde la ratificación, el 3 de septiembre de 1966, de la
Convención Única de Estupefacientes de 1961 y la consecuente
aprobación de la Ley 17/1967 sobre Estupefacientes. A partir de
entonces, las cosas empezaron a ponerse difíciles por aquí, igual que en
el resto del mundo. Pero a diferencia de otros países, donde la mera
tenencia y consumo de cualquier sustancia ilícita se castiga con penas de
cárcel, el Tribunal Supremo español ya decidió, allá por 1974, que el
simple consumo y, por tanto, la tenencia destinada a dicho uso, no
debían castigarse por vía penal. Y a partir de ahí, las sucesivas
sentencias del Supremo en materia de drogas han venido ratificando
mayoritariamente aquel criterio inicial. En coherencia con aquella
despenalización inicial del consumo y de la tenencia no destinada al
tráfico, el Supremo ha decidido también que el llamado consumo
compartido o autoconsumo colectivo no es un delito y que tampoco lo es
el hecho de proporcionar una droga a alguien adicto a la misma si se
hace con fines compasivos, como el de aliviar su síndrome de
abstinencia.
Ahora bien, una cosa es consumir una sustancia y otra obtenerla. En el
caso de drogas como heroína o cocaína, que son a las que se refieren la
mayoría de sentencias del Supremo sobre consumo compartido o
donación altruista, lo normal es comprarlas en el mercado negro. En el
caso del cáñamo, como bien sabemos, tenemos también la opción de
cultivarla por nuestra cuenta y consumirla luego sin apenas manipulación.
Si sumamos el hecho de que, en el caso del cultivo en exterior, lo normal
es realizar una sola cosecha al año y, por tanto, es necesario hacer
acopio para doce meses, la jurisprudencia sobre otras sustancias resulta
poco adecuada para el cáñamo. Por ello, dado que hay pocas sentencias
de este tipo referidas al cannabis, en ocasiones se da una cierta
confusión acerca de las condiciones en las que el autocultivo y el
consumo compartido de la planta pueden caber dentro de la ley, con
sentencias a veces contradictorias o poco claras. Sin embargo, aunque el
cultivo de cannabis -igual que su distribución- está en principio prohibido,
en la actualidad los tribunales españoles muestran una tendencia casi
unánime a sobreseer o absolver en los casos de cultivo individual
(siempre que el número de plantas se mantenga dentro de los límites de
lo razonable), tendencia también muy mayoritaria en las más conflictivas
plantaciones colectivas.
A este respecto, hace ya varios años que Juan Muñoz y Susana Soto, a
petición del Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía,
elaboraron un informe en el que, tras analizar exhaustivamente la
jurisprudencia sobre el cannabis y otras sustancias ilícitas, establecían
una serie de criterios conforme a los cuales sería posible poner en
marcha establecimientos en los que se podría obtener cannabis con fines
tanto lúdicos como terapéuticos respetando el marco legal actual. La
principal conclusión a la que llegaban en su estudio (de hecho, la
tentativa más seria llevada a cabo hasta ahora para analizar el panorama
legal en esta cuestión) era la siguiente: “Esta iniciativa sólo tendría cabida
en nuestro ordenamiento jurídico si se configura como un proyecto
referido a la creación de centros no abiertos a un público indiscriminado,
sino de acceso restringido a fumadores de hachís o marijuana, en los
que se exigiría como medida de control del acceso el tener la condición
de consumidor habitual. Se trataría, por tanto, de lugares de consumo
privado entre consumidores habituales en los que se podría adquirir y
consumir cantidades que no sobrepasen el límite de un consumo normal.
No estaría permitido el tráfico de cannabis entre los consumidores y la
cantidad de cannabis adquirida debería ser consumida en el recinto”.
Los clubes de consumidores
El informe jurídico de Muñoz y Soto supuso un empujón para algunos
colectivos de usuarios/as de cannabis que buscaban la manera de
desarrollar sus actividades dentro del marco legal. Para cuando se dio a
conocer el informe -en 1999, aunque no se publicó hasta 2001- ya había
habido dos experiencias de cultivo colectivo de carácter asociativo, la
experiencia de ARSEC en 1994 y la de Kalamudia en 1997. Aunque la
segunda se recolectó sin problemas tras archivarse en firme las
diligencias previas abiertas por el juzgado de instrucción correspondiente,
el caso de ARSEC terminó en condena pocos meses después, merced a
la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1997.
La sentencia contra ARSEC provocó un parón en las experiencias de
cultivo colectivo, pero Kalamudia volvió a llevar a cabo otros dos cultivos -
con amplia publicidad en los medios de comunicación vascos- en 1999 y
2000, que ni siquiera provocaron apertura de diligencias previas por
parte de ningún juzgado. Fue entonces cuando tuvimos conocimiento del
informe de Muñoz y Soto y el mismo dio lugar a un nuevo salto
cualitativo: La creación de asociaciones de usuarios (hasta entonces casi
todas las asociaciones cannábicas se autodenominaban “de estudio del
cannabis”), más conocidas como clubes de consumidores. Dichas
asociaciones desarrollan sus actividades tomando como referencia el
informe de Muñoz y Soto y las experiencias previas sobre autocultivo
colectivo.
El primero en hacer su aparición fue el Club de Catadores de Cannabis
de Barcelona (CCCB), en 2001, si bien hasta el momento no ha llevado a
cabo, que sepamos, ninguna iniciativa de cultivo destinado a sus
socios/as. Una vez más, la puesta en práctica de la idea tendría lugar en
Euskadi, donde a partir de 2002 aparecieron varias asociaciones de las
mismas características, hasta un máximo de cinco: En Bizkaia, Bangh y
Pannagh; en Gipuzkoa, Ganjazz y Paotxa; y en Álava, Amalurra, disuelta
en 2005. Todas estas asociaciones han llevado o llevan a cabo cultivos
colectivos asociativos.
Como su nombre indica, las asociaciones de usuarios/as de cannabis
están formadas por personas que consumen cannabis. Este es un
requisito imprescindible para adquirir la condición de socio/a. En algunos
casos, como hacemos en Pannagh, también se admite a personas que
sufren enfermedades para las que el uso de cannabis está indicado, ya
que entendemos que, además de hallarse en lo que en derecho se llama
“estado de necesidad”, en este caso no hay riesgo para la salud pública,
más bien lo contrario ya que hablamos de un uso medicinal con sólido
fundamento científico, algo que también se refleja en el informe andaluz.
Para entrar a la asociación exigimos una declaración en la que se
reconoce la condición de persona usuaria, firmada por quien desea
acceder a la asociación y avalada por otra persona que ya tenga la
condición de miembro de la entidad. Todo ello a fin de evitar que la
asociación se abra indiscriminadamente al público en general y reducir el
riesgo de transmisión a terceras personas. Por supuesto, se exige la
mayoría de edad para poder acceder, a fin de evitar el riesgo de que
nuestra marihuana llegue a manos de menores.
En cuanto al funcionamiento de la actividad de cultivo asociativo, hemos
tenido en cuenta también nuestras experiencias previas, especialmente
la primera plantación de Kalamudia, en la que se consideró que no había
delito a pesar de no tratarse cantidades mínimas para el consumo
inmediato ni existir local cerrado para su consumo. Así que la asociación
arrienda un terreno a su nombre y allí cultiva para los socios y socias que
lo deseen, en función de sus respectivas previsiones de consumo, para
evitar que exista sobreproducción. Se suman los gastos generados por la
plantación (alquileres, semillas, abonos, tratamientos, equipos, viajes,
dietas, etc.) y se dividen por el total de la cosecha, de manera que la
cuota a pagar por cada participante (calculada en euros/gramo) cubra los
gastos de forma proporcional al consumo de cada cual. A los usuarios
terapéuticos se les reduce la cuota en un 25%. Tanto los gastos como los
ingresos se efectúan a través de cuenta bancaria y tarjetas de crédito a
nombre de la asociación, a fin de facilitar la transparencia y la
fiscalización del gasto. Además, para evitar que alguien pueda destinar
una parte de su hierba a la venta, tenemos establecido un máximo anual
de 350 gr./persona, que solo se puede superar excepcionalmente, a
petición del interesado y explicando los motivos.
Otra cuestión importante –y aún por resolver- es la del transporte. En el
caso de asociaciones que llevan a cabo cultivos de interior con luz
artificial, resulta posible emplazar en un mismo local la zona de
producción y el área destinada al consumo. Sin embargo, este sistema
resulta caro y exige una gran cantidad de espacio y energía, por lo que, a
partir de un cierto número de socios/as, esta solución comienza a ser
menos viable. Lo razonable, desde un punto de vista económico y
ecológico, es cultivar en exterior. Pero este sistema implica trasladar
marihuana, a veces en cantidades importantes, desde un lugar a otro, lo
cual contraviene lo dispuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana. Aún
cuando el transporte se hiciera en cantidades poco importantes (por
debajo de los 625 gr. en los que actualmente comienza la “presunción de
transmisión a terceros” en el caso de la marihuana), de forma que
pudiera declararse como destinada al uso personal, en todo caso habría
riesgo de sanción y, sobre todo, de incautación. Por tanto, la reforma de
dicha Ley sería una de las condiciones necesarias para dar un mínimo de
seguridad a las actividades de cultivo colectivo. Es más, lo deseable sería
una regulación ad hoc que solventara expresamente los problemas del
transporte y el almacenamiento, que sería también ilícito conforme a la
Ley 17/1967. .
Un modelo con muchas ventajas
A nuestro parecer, este tipo de plantaciones colectivas asociativas encaja
perfectamente en la legalidad vigente, sin necesidad de reforma legal
alguna, ya que el autocultivo colectivo no solo está muy extendido, sino
que es generalmente impune. Además, permite que personas que, bien
sea por falta de medios o de tiempo o por problemas de salud, no
pueden cultivar por su cuenta deleguen en la asociación las tareas
agrícolas y puedan así evitar tener que recurrir al mercado negro. Si se
generalizara nuestro modelo, se reduciría sustancialmente la cantidad de
dinero que absorbe dicho mercado, disminuirían los recursos públicos
actualmente utilizados en tareas represivas y se incrementaría la
recaudación de impuestos por parte del estado, ya que la mayor parte
del dinero que el usuario gasta actualmente en comprar marihuana o
hachís en el mercado ilícito se derivaría a otros conceptos actualmente
gravados mediante IVA (material agrícola, peajes, arrendamientos,
electricidad) e incluso impuestos especiales (como la gasolina, cuando el
cultivo implica desplazamientos). Además de ello, las personas asociadas
se beneficiarían de una previsible reducción en el coste económico que
les supone el consumo.
Por otra parte, también se podría generar un buen número de puestos de
trabajo, ya que, si bien algunos cultivos pueden ser atendidos de forma
mancomunada entre los propios participantes, otros podrían ser
gestionados por personas contratadas por la asociación (jardineros,
vigilantes, administrativos, etc.), con la consiguiente recaudación de IRPF
y seguros sociales. En opinión de varios juristas a los que hemos
consultado, el hecho de que las asociaciones dispongan de empleados
encargados del cuidado y custodia del cultivo no contradice la naturaleza
no comercial y privada del mismo. En efecto, no existe venta porque el
empleado de la asociación no es propietario de las plantas sino que se
limita a cuidar una propiedad de los socios. Y tampoco hay lucro –es
decir, ganancia ilimitada-, sino prestación de servicios a cambio de la cual
se recibe una remuneración fija en función, no del volumen de la
cosecha, sino del trabajo que se realiza para el grupo.
Aunque, seguramente, la mayor ventaja de este sistema es su aportación
a la reducción de riesgos y daños asociados con el consumo. Se acabó la
incertidumbre acerca de la calidad y posible adulteración del producto
adquirido en el mercado negro. En un sistema de producción en circuito
cerrado, el socio o socia conoce la calidad de lo que consume, a qué
variedad pertenece, cómo ha sido cultivado, etc. Además, la asociación
puede servir como punto de asesoramiento e intercambio de información,
ayudando a generar una nueva cultura de uso, algo que, como ya hemos
comentado, resulta fundamental para una verdadera normalización.
¿Con o sin impuestos?
Jaime Prats, uno de los fundadores del CCCB, ya propuso hace algún
tiempo implantar el modelo de clubes de consumidores para normalizar
parcialmente el mercado, propuesta que Cáñamo ha retomado
recientemente. Aunque la propuesta está poco desarrollada, comparto
gran parte de lo que se plantea en ambos textos, si bien hay un par de
cuestiones en las que discrepo de ellos. Por un lado, en las cantidades
que se proponen como referencia. Establecer un consumo máximo anual
de 10-12 kg./persona me parece exagerado y puede abrir la puerta a
abusos y mercados paralelos.
Pero aún estoy menos de acuerdo en la cuestión de los impuestos.
Según el planteamiento de Prats, las plantaciones individuales estarían
exentas de impuestos, pero las colectivas pagarían un impuesto especial
en función de la producción, al que se sumaría, en el caso de los clubes,
un impuesto más por la venta al detalle. Aparte de la contradicción que
supone hablar de venta al detalle dentro de un modelo supuestamente
no comercial, pagar impuestos por una actividad privada y no lucrativa
supone un agravio comparativo. Si no hay venta y todo queda en casa,
¿porqué vamos a tener que tributar? ¿Acaso paga impuestos el que
produce vino para casa o destila aguardiente para regalar a los amigos?
Además, al no haber venta, no se recauda IVA y no hay que hacer
declaración de este impuesto, por lo que tampoco se recupera el IVA
pagado al comprar productos o servicios para la asociación, que de esta
forma se convierte en contribuyente neta. Así que no hay justificación
para sumar aún más impuestos. Mientras no se nos permita funcionar
con normalidad no hay razón para pagar impuestos normales.
El marco legal internacional
Tras la operación policial del pasado mes de octubre contra la plantación
colectiva de nuestra asociación, Pannagh, el eurodiputado italiano Giusto
Catania presentó una pregunta escrita a la Comisión Europea acerca de
nuestra detención. En su pregunta, Catania pedía que se aclarara la
cuestión del autocultivo en el estado español. En resumen, lo que
planteaba el diputado era lo siguiente: Si la legislación española permite
que se legalice una asociación de personas usuarias de cannabis, y si
existe la posibilidad de cultivar dicha planta, siempre que se haga sin
fines comerciales, ¿porqué luego se interviene por vía penal contra una
asociación legalmente constituida que cultiva para su propio uso? ¿No es
una incoherencia que atenta contra el principio de seguridad jurídica y el
derecho de asociación?
La respuesta de la Comisión a Catania es muy clara: A la Unión Europea
no le corresponde la regulación de las conductas relacionadas con la
tenencia y el consumo. Para lo que tenga que ver con el tráfico ilícito, los
estados miembros, en tanto que firmantes de las convenciones de las
Naciones Unidas sobre drogas, deben remitirse a las mismas y perseguir
en su legislación lo que tenga que ver con la distribución comercial de
drogas ilícitas. En efecto, conforme a una Decisión Marco de la Unión
Europea, “los Estados miembros garantizarán que el cultivo de la planta
de cannabis, cuando se efectúe sin derecho, sea punible”. Pero esta
obligación desaparece en el caso del autocultivo, ya que, como dice
textualmente el comisario Frattini en nombre de la Comisión, “el artículo
2.2 excluye del alcance de la Decisión Marco del Consejo el cultivo de
cannabis para consumo personal, al estar definido por las leyes
nacionales”.
Una regulación propia es posible
La conclusión que podemos extraer de la respuesta de la Comisión
Europea a Catania es que tanto la legislación de la ONU como la de la
Unión Europea permiten que un estado tolere el cultivo de cannabis
cuando esté destinado al uso personal y no a su distribución con fines de
lucro. Por lo tanto, es perfectamente posible que el estado español
elabore una regulación administrativa propia en la que se establezcan las
condiciones en que se puede llevar a cabo la producción individual o
colectiva de cannabis, sin vulnerar con ello la legislación internacional.
Dicha regulación permitiría acabar con la actual inseguridad jurídica en
torno al autocultivo de cannabis.
En dicha regulación debería establecerse de una vez cuál es el número
máximo de plantas -o superficie equivalente, según sea cultivo interior o
exterior- que una persona puede cultivar para su propio consumo
individual. En cuanto a los cultivos colectivos, durante este período de
transición (ya que lo deseable sería llegar a una verdadera normalización
legal según un modelo similar al que expuse en el anterior número), el
modelo de referencia sería el de los clubes de consumidores, que tiene
varias ventajas frente a los coffee-shops holandeses. Por una parte,
porque lo único que permite es el cultivo (individual o colectivo) destinado
al propio uso, en el ámbito privado y sin fines comerciales, de manera
que la regulación se mantiene dentro de los límites de las competencias
reservadas a los estados, es decir, en el terreno del consumo personal,
sin colisionar con los tratados internacionales como sucede en el caso de
Holanda. Además, al tratarse de entidades privadas y no haber venta
libre al público, se evita el llamado “turismo cannábico”, que provoca
auténticas peregrinaciones en masa a Ámsterdam y otras ciudades
holandesas y que tantos roces ha provocado entre el gobierno holandés
y los de los países vecinos. Por otra parte, los clubes ya tienen entidad
legal en España, existiendo asociaciones de este tipo inscritas en el
registro de asociaciones de varias comunidades autónomas, al menos en
un caso como consecuencia de una sentencia judicial que hizo posible su
inscripción. De este modo, se daría seguridad jurídica a entidades que se
esfuerzan por operar dentro de la legalidad, se ofrecería una alternativa
segura frente al mercado ilegal y se permitiría que muchas de ellas
crearan puestos de trabajo.
En definitiva, el modelo de clubes de consumidores/as permite, sin
necesidad de cambios legales, dar un paso importante hacia la
normalización, ayudando a poner en práctica el que en mi opinión
debería ser el fin último de las políticas sobre cannabis: Asegurar a las
personas que lo necesiten o deseen, el acceso a cannabis de calidad y a
la información necesaria para un uso razonablemente seguro, mediante
regulaciones e intervenciones dirigidas a maximizar los beneficios y
reducir al mínimo posible los riesgos y daños asociados con el uso de
dicha planta.

CartelesCampañaElecciones2008

2008-02-26T15:47:00.013-08:00

Representación Cannabica -Alicante- Congreso de los Diputados
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TuVoto -Cartel

Pinchando sobre el cartel , podras imprimirlo para situarlo en un lugar bien visible,con tu ayuda llegaremos a tod@s. Sembrando Libertad -Plantando Cara-Entre tod@s hacemos una realidad. VOTA a RCN-NOK.
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CANNABIS MEDICINAL

2008-02-26T15:47:00.011-08:00

TCH Medicinal Desde la Representación Cannábica de Navarra (Alicante,Málaga,Valencia) sabemos que el Cannabis ha sido utilizado medicinalmente desde siglos atrás. No comprendemos la demonización de la planta en este sentido. Asimismo, no queremos escudarnos para conseguir nuestros objetivos en el dolor de la gente. Creemos que la potestad para decidir en estos casos está en los profesionales de la medicina, de la farmacéutica y de la investigación clínica. Queremos que estos sectores de la salud tengan potestad para trabajar en este campo sin ningún tipo de cortapisas y con legitimidad total.

--1. -Proponemos la creación de un Banco de Cannabis para abastecer los casos más urgentes hasta que se estudien por completo las aplicaciones médicas. El banco se surtiría de donaciones anónimas de consumidores que depositarían sus aportaciones en los Grow-Shop existentes. Estos Grow-shop, llevarían esas donaciones al médico encargado de revisar los casos clínicos y ver si el cannabis puede serles de ayuda. Sólo, si el paciente supera este examen médico previo, se le administraría Cannabis del Banco Solidario.

--2.-Proponemos el estudio del Cannabis medicinal y sus aplicaciones en el Centro de Investigación Médica Avanzada de Pamplona.

--3. -Proponemos la donación de cerebros de consumidores al Banco de Cerebros para su estudio y análisis.

--4. -Proponemos la exclusividad del Cannabis medicinal para el Sector farmacéutico y la investigación medicinal. Con licencias exclusivas y exentas de impuestos para estos supuestos.

--5. -Proponemos la creación de un Congreso Médico Internacional en Navarra dedicado en exclusiva a las propiedades médicas del Cannabis y sus derivados.

--6. -Proponemos que el CRCN subvencione programas y estudios al respecto con la recaudación del impuesto verde lúdico.

->7. -Proponemos que el valor de venta del Cannabis Medicinal esté tasado y sea inferior al Cannabis Lúdico. De esta manera aseguramos la rentabilidad del cannabis Medicinal frente al Cannabis Lúdico.

Campaña de firmas apoyando a Juan Manuel Gantes

2008-02-26T15:46:00.010-08:00

Campaña de firmas apoyando a Juan Manuel Gantes

Publicado Miércoles, 16 Enero 2008

A.A.: “A las autoridades políticas y sanitarias“

Las personas que firmamos este apoyo, conocemos la situación de Juan Manuel, tetrapléjico de Ferrol a quien le fue retirado un cultivo de marihuana que resolvía muchos de los problemas que tiene, firmamos en apoyo a él personalmente y solicitamos de las autoridades:

- El cese de toda persecución contra su persona por la utilización de un medicamento ilegal que le beneficia.

- Que se le faciliten todos los medios sanitarios paliativos para sus dolencias.

- Que la sanidad pública invierta en investigación sobre el cáñamo y sus beneficios terapeúticos.

- Que la sanidad pública facilite a las personas que soliciten justificadamente derivados del cáñamo o los fármacos legales que necesiten, o autoricen el cultivo con fines terapeúticos.

Si estás de acuerdo, apoya esta iniciativa con tu firma. Si representas a un colectivo también son bienvenidos los apoyos de partidos, sindicatos, asociaciones y todo tipo de organizaciones.

—

La Asociación Viguesa de Estudios da María (A.V.E. María) ayuda a Juan Manuel a recoger firmas para apoyar sus reivindicaciones y se pone a su disposición en la medida de sus posibilidades. No es la única asociación sensibilizada. Por ejemplo, Alacannabis le entrevistaba ayer en hora verde (programa radiofónico semanal que emite los martes de 17 a 19 horas desde Onda Blanca Radio), y también le ofrece sus recursos; y Amigos de María se manifiesta contra la Dirección del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Ferrol y anima a otras personas a que hagan lo mismo. Más información, en la web de la FAC y en el propio blog de Juan Manuel, Juanma Marihuana Medicinal, recién estrenado.

Apoyo a Juan Manuel, tetrapléjico de Ferrol a quien se impide el consumo terapeútico de cannabis.

A.A.: "A las autoridades políticas y sanitarias"

Las personas que firmamos este apoyo, conocemos la situación de José Manuel, tetrapléjico de Ferrol a quien le fue retirado un cultivo de marihuana que resolvía muchos de los problemas que tiene, firmamos en apoyo a él personalmente y solicitamos de las autoridades:

- El cese de toda persecución contra su persona por la utilización de un medicamento ilegal que le beneficia.

- Que se le faciliten todos los medios sanitarios paliativos para sus dolencias.

- Que la sanidad pública invierta en investigación sobre el cáñamo y sus beneficios terapeúticos.

- Que la sanidad pública facilite a las personas que soliciten justificadamente derivados del cáñamo o los fármacos legales que necesiten, o autoricen el cultivo con fines terapeúticos.

Si estás de acuerdo, apoya esta iniciativa con tu firma. Si representas a un colectivo también son bienvenidos los apoyos de partidos, sindicatos, asociaciones y todo tipo de organizaciones.

2008

( El/los abajo firmante/s )

http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1097

La Hora Verda-Radio-97.7 FM

2008-02-26T15:46:00.009-08:00

aprox.por la Vila 107'3FM i en Internet: MARTES 17h a 19h.

EN WINDOWS MEDIA PLAYER

http://213.139.27.170/handsome/windows.pl

CON JAVA

http://213.139.27.170/handsome/emision.htm

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La Hora Verde. Programa nº 31, con David Hurtado El Dr. Navarrete y Cannarias
posteado el 01-03-2008
La Hora Verde puede escucharse cada martes en el 97.7 de la FM (Alicante) y también en Internet. Este programa pretende crear un punto de encuentro radiofónico multi-temático en torno al Cannabis. Este martes 4 de Marzo proseguimos con la sección de Cáñamo Industrial II. Seguimos descubriendo las innumerables alternativas de la que dispone el cáñamo para paliar los desajustes de un mundo cada vez más polarizado. Tendremos con nosotros de nuevo a David Hurtado Esteban, técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales. Aplicaciones enmarcadas en su proyecto de Cáñamo Solidario. Biomasa para calefacción, jabón, champú, esteras, sacos , geotextiles contra erosión, campos de cultivo para purificación de agua etc. Queda mucho por hablar, y por escuchar

Envia LEGALIZACION al 5523

2008-02-26T15:46:00.007-08:00

Enlaces-AmigosDeLaMaria

2008-02-26T15:46:00.005-08:00

Enlaces-Web-Bloc-Blogger-Radio-TV-

--Amigos De

MÁLAGA http://rcn-nok-malaga.blogspot.com/